Por otro lado, la ausencia de pareja es un evento fuertemente presente entre jefaturas femeninas (62,9 %), con una recurrencia por encima de la manifestada por los hombres (OR = 4,19), constituyéndose en una característica atingente de la feminización de la estructura del hogar. La ausencia de pareja en este tipo de hogares implica menos recursos para el presupuesto familiar, lo que pone en riesgo la estabilidad socioeconómica del grupo, a pesar de ser unidades de tamaño más reducidas (OR = 0,75) y tener proporcionalmente una menor presencia de hijos e hijas pequeños (OR = 0,95). Si bien la jefatura de hogar presiona a la generación de ingresos, en especial cuando existe monomarentalidad, los datos reportan una menor inserción femenina en el mercado del trabajo (OR = 0,79). Previo al advenimiento de la pandemia por Covid-19, el 36,2 % de las jefas de hogar se encontraban desempleadas; aquí se hace evidente la baja inserción laboral, que se ve profundizada con ocasión de los despidos y la cesación de empleos producto de la contracción del mercado del trabajo, problemáticas que afectaron a más de un tercio (37,2 °%) de las mujeres empleadas pre-pandemia.

Comparativamente, los hogares con jefatura femenina no solo reportan mayor discontinuidad laboral pospandemia (OR = 1,22), sino que también registran una mayor informalidad en sus actividades (OR = 1,13), lo cual precariza la relación contractual y el acceso a beneficios de seguridad social en estos segmentos. El conjunto de indicadores socioeconómicos analizados permite estimar una vulnerabilidad estructural de la feminización de la pobreza, con una persistente insuficiencia de ingresos sobre la exhibida en los hogares de jefatura masculina (OR = 1,30); una situación que se ve agravada con ocasión de la crisis sanitaria. En efecto, el 82,7 °% de estos hogares dirigidos por mujeres reportaron encontrarse en un escenario económico inestable para garantizar el bienestar y el sostén de su grupo familiar. Esta mayor vulnerabilidad y presión por gestionar adecuadamente el presupuesto del grupo, debido a las repercusiones socioeconómicas de la crisis Covid-19, deriva en la adopción de una serie de estrategias económicas familiares para la generación de ingresos y la reducción de gastos, acentuadas conforme se añaden factores de riesgo a la jefatura femenina (tabla 3).

Una amplia proporción de estas unidades (71,1 °%) señala haber implementado alguna estrategia para complementar sus escasos ingresos durante la pandemia. En específico, alrededor de uno de cada dos hogares (55,0 °%) redujo parte de sus activos, ya fuese vendiendo bienes (automóvil, muebles o electrodomésticos) o utilizando los ahorros; mientras que dos de cada cinco se vieron en la necesidad de adquirir deudas (43,4 %), acudiendo a medios formales (bancos o retail) o informales (amigos, familiares o vecinos). En complemento con esta búsqueda de recursos, los hogares deben aplicar medidas que contengan los egresos (tabla 3), aun cuando ello pueda significar una merma en sus niveles de calidad de vida. A nivel general, el 87,9 °% de las familias dirigidas por una mujer señala haber implementado alguna estrategia económica para reducir sus gastos, limitando especialmente los rubros de alimentación (58,2 °%), el pago de servicios básicos de luz, agua o calefacción (47,4 °%) y salud (38,2 °%).

Ambos conjuntos de estrategias económicas se vuelven más necesarios a medida de que se añaden características de precariedad al hogar. De este modo, la ausencia de pareja supone un riesgo directo para la generación de ingresos, en especial mediante la reducción de activos (58,4 °%), además que impacta significativamente los gastos en alimentación (62,9 °%) y servicios básicos (51,5 °%). Estas problemáticas se acentúan al adicionar la situación de desempleo y la presencia de hijos e hijas a la jefatura, además de que agudizan la ya frágil estabilidad socioeconómica de este tipo de hogares durante la pandemia.

Discusión

La jefatura de hogar es un rol que exige compromiso y dedicación hacia el bienestar del resto, conlleva ser el responsable principal de sustentar en el hogar los recursos económicos requeridos para satisfacer sus necesidades. Si bien históricamente este objetivo ha sido una tarea ardua de cumplir para quienes pertenecen a los sectores más vulnerables, durante los últimos meses la situación de crisis sanitaria ha recrudecido las posibilidades de encontrar empleo, percibir ingresos y mantener una estabilidad socioeconómica, con lo que se ha empeorado el panorama actual y el futuro de las familias. En este contexto, la jefatura de hogar femenina añade una serie de persistentes dificultades que precarizan estructural-mente la calidad de vida de estos grupos. Al respecto, la ESC-19 (PNUD-MDSF, 2020) informa que los hogares dirigidos por mujeres registran comparativamente mayores niveles de pobreza socioeconómica, informalidad laboral, desempleo e ingresos precarios, tanto antes como durante la pandemia.

La feminización de la vulnerabilidad en estas familias aún está intensamente influenciada por la costumbre de definirse como jefa de hogar debido a la ausencia de pareja, situación que condiciona tanto el número de perceptores de ingresos como el volumen de recursos generados por la participación en el mercado del trabajo. Estas huellas de género encuentran en la clase social un factor determinante, por cuanto en episodios de crisis son las mujeres de sectores pobres y marginados las más afectadas (Aguirre et al., 2020; Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, 2020). Hechos como la crianza, el cuidado de familiares u otros, la suspensión de actividades por embarazo o parto, además de los estereotipos e imaginarios sociales, han inclinado la pendiente por donde las mujeres pueden construir una trayectoria laboral. Este es un diagnóstico de larga data que empeora en tiempos de crisis socioeconómica, debido a los marcados fenómenos de recesión y contracción del mercado del trabajo, los cuales durante la pandemia por Covid-19 no se han hecho esperar y hacen de la informalidad, las condiciones de empleo precarias o la subvalora-ción de la mano de obra costos que se vuelven aceptables frente a la necesidad de generar recursos para el hogar que se dirige.

De este modo, como lo informa la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), se acentúa la vulnerabilidad femenina. A las históricas formas de violencia física y psicológica, se suman problemáticas salariales, de seguridad social y estabilidad financiera que dificultan cualquier proyecto de emancipación o liderazgo del hogar (ONU Mujeres, 2021). Con el aislamiento que produjo la pandemia entre las personas y las familias, el acceso a redes de soporte quedó truncado, aumentando el malestar y la exposición a pobreza entre mujeres, especialmente cuando hay hijos o hijas en casa y no se cuenta con el apoyo de familiares o amigos. En cuanto a las medidas de confinamiento y distanciamiento social aplicadas a nivel nacional para frenar el contagio por Covid-19, si bien forman parte del abanico de medidas que a nivel internacional se han puesto en marcha y se les reconoce efectividad, también han traído consigo efectos adversos para el mundo del trabajo (Buteler, 2020). Desempleo, bajos salarios y una crisis generalizada en los mercados, se han convertido en los principales efectos colaterales de esta crisis sanitaria, y si bien todos y todas se han visto afectados, sus impactos se han acentuado particularmente en aquellos hogares que ya reportaban condiciones de vulnerabilidad.

Cabe destacar que una de las medidas insignia para enfrentar la pandemia fue la declaración de cuarentenas, acción que en lo inmediato supuso al menos dos eventos que afectaron directamente a la jefatura femenina. Primero, las actividades económicas vinculadas al comercio y los servicios fueron suspendidas, canceladas o migraron a la modalidad de teletrabajo -sectores de empleo que cuentan con altos niveles de inserción laboral femenino (Aguirre et al., 2020)-. Esta contracción del mercado condujo a un significativo aumento del desempleo femenino y de disminución de los ingresos. En efecto, a fin de mantener su fuente laboral, contingentes importantes de mujeres se acogieron a los programas de empleo protegido o pactaron una reducción de sus salarios. Segundo, las actividades educativas y de cuidado de niños y niñas pequeños fueron paralizadas, devolviendo a los hogares la completa responsabilidad por su bienestar y alimentación, además de asignarles tareas pedagógicas y escolares. Debido a esto, las mujeres jefas de hogar encontraron serias dificultades para cumplir con las exigencias de un mercado del trabajo que se estrecha a medida de que continúa la pandemia. El sistema educativo, particularmente en sus niveles de pre-escolar y básica, cumple también funciones de cuidado sustituto, por lo que frente a su suspensión las jefas de hogar deben sumar a su responsabilidad laboral el cuidado a tiempo completo de sus hijos, además de conformar un mayor acompañamiento en la labor pedagógica, situación particularmente compleja cuando no existen apoyos familiares o de redes.

En este contexto de recesión económica y crisis de empleo con ocasión de la situación de pandemia, las unidades familiares se han visto conminadas al ajuste presupuestario a través de la implementación de estrategias económicas para la generación de ingresos y reducción de gastos. De este modo, junto al desarrollo de microemprendimientos y trabajos esporádicos para compensar parte de la pérdida de salarios (Contreras, 2020; Jaramillo y Ñopo, 2020), los hogares de jefatura femenina adquirieron nuevas deudas y se desprendieron de activos en una proporción mayor que aquellos dirigidos por varones. Estas unidades familiares se descapitalizan al verse obligadas a contraer nuevas deudas o cesar sus pagos, desprenderse de ahorros y bienes del patrimonio del hogar; acciones que son complementadas con medidas para la reducción de gastos en rubros clave para el bienestar, como la alimentación, los servicios básicos o la salud. Este estado de situación no solo profundiza el sentimiento de desafección y desamparo de la ciudadanía, sino que también presiona por más y mejores medidas de política pública. Ahora bien, en la medida de que se analizan tipologías que la literatura consigna en situación de mayor riesgo, estas estrategias económicas familiares se evidencian con mayor intensidad. De este modo, no disponer de pareja, estar desempleada y tener hijos o hijas pequeños constituye atributos que potencian la fragilidad económica de los hogares dirigidos por mujeres.

En el sentido de que la jefatura de hogar femenina tiende a ser definida en ausencia de pareja, genera en lo inmediato una disminución en la disponibilidad de ingresos, forzando la inserción laboral de las mujeres. De hecho, la presencia de pareja se constituye según la literatura especializada en uno de los factores relevantes en la inhibición de la participación laboral femenina, con un peso incluso superior al que registra la tenencia de hijos o hijas pequeños. El efecto renta de los ingresos del varón, junto a las creencias tradicionales o conservadoras respecto de los roles familiares, inhiben la participación femenina en el mercado del trabajo (Ranson, 2012). Por otro lado, el modelo de subsidiariedad existente en Chile privilegia la satisfacción de necesidades como un acuerdo entre privados, consumidores y mercado, por lo que no contar con una fuente estable de ingresos supone una reducción significativa en las posibilidades de sostener su nivel de consumo, y por tanto su bienestar. De allí que el desempleo, particularmente cuando afecta a la única perceptora de ingresos, signifique una pauperización inmediata de la calidad de vida de estos grupos familiares, especialmente cuando existe la responsabilidad de criar hijos o hijas pequeños. Para la familia, en tanto institución de producción consumo, la presencia de niños o niñas incrementa los costos de vida, por lo que la supresión de empleos debido a la pandemia constituye un evento especialmente traumático.

La activación de estrategias económicas para hacer frente a la crisis no deriva únicamente del impacto que esta ha tenido sobre el mercado del trabajo, expresado en la disminución, cuando no pérdida, de ingresos por desempleo, sino que además es expresión de un Estado reducido, de responsabilidad limitada y escasamente eficiente para responder a las necesidades emergentes de su población. En tal sentido, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto el estado de desafección y desamparo ciudadano en las personas, quienes se ven forzadas a arrostrar individualmente problemas que demandan acciones a nivel colectivo. Las medidas anti-shock que en materia de protección social se han articulado para paliar el déficit de ingreso -si bien han ayudado particularmente a los sectores más vulnerables- se hacen insuficientes dada la propagación y el alcance de la crisis (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-ÜNiCEF, 2020). Frente a este panorama, la envergadura del desafío nos lleva a repensar la relación que el Estado tiene con sus ciudadanos y la necesidad de articular respuestas de cobertura universal y disposición permanente, sobre todo en lo que respecta al aseguramiento de servicios vinculados a derechos en términos de acceso, calidad y pertinencia.

Conclusiones

La crisis sanitaria por Covid-19 ha puesto al mundo entero en estado de alerta. Unido al riesgo que supone la mortalidad de la enfermedad, se han desatado una serie de efectos colaterales que cambiaron la forma como se llevaba a cabo la vida en sociedad. Desde medidas de confinamiento que se renuevan continuamente, pasando por la reestructuración del contacto social y hasta el cómo realizamos nuestras actividades más cotidianas, la sociedad pandémica ha impuesto el reajuste social, económico y sanitario en todas latitudes. Adicionalmente, sus efectos más adversos y complejos se han instalado entre la población más vulnerable, en especial sobre el presupuesto familiar y el empleo. Para el caso de Chile, como informa la ESC-19, las personas han visto afectada principalmente su estabilidad laboral, la gestión presupuestaria familiar y la satisfacción de sus necesidades. Esta vulnerabilidad ha permeado especialmente aquellos hogares de jefatura femenina, por lo que a estos problemas emergentes debemos añadir históricas y estructurales diferencias que ponen en situación de desventaja a las mujeres, sobre todo cuando pertenecen a sectores pobres.

En concordancia con la literatura especializada, la inserción laboral femenina padece un notorio rezago, estacionalidad e intermitencia en comparación con la masculina; brechas de larga data que se acrecientan al considerar la clase social y que son acentuadas en el actual contexto de pandemia. Aunque no es un evento del todo nuevo en el que la pobreza, la monomarentalidad y los ingresos precarios encuentran un lugar común entre los hogares dirigidos por mujeres, sí resulta preocupante la proporción que representan, en especial porque aún la pandemia no ha terminado ni es claro cuándo cese. El nivel de calidad de vida de estas familias decae progresivamente a medida de que pasan los meses y se reducen las opciones de maniobra para las jefas de hogar. Con la paralización o eliminación de aquellas fuentes de empleo más feminizadas, como las del área de los servicios y el comercio, generar ingresos se vuelve cada vez más difícil. Un panorama frente al cual los aportes familiares y las redes de apoyo se ven igualmente menguados.

A lo anterior se suma un débil entramado de protección social que opera bajo una lógica de subsidiaridad, con medidas reactivas, de carácter paliativo y eventuales, que por su escasa cobertura e intermitencia resultan poco eficaces. Para tratar de contener la inestabilidad socioeconómica que provoca el desempleo, la reducción de salarios o la propia manutención de una familia en tiempos de pandemia, las jefas de hogar han adoptado una serie de estrategias económicas para la generación de ingresos y la reducción de gastos. De este modo, se ha iniciado un proceso gradual de descapitalización, endeudamiento y pauperización de la vida mediante la reducción de activos, el uso de tarjetas de crédito y la restricción en el consumo de alimentos y servicios básicos. Por lo dicho, es difícil plantear que las familias podrán recuperarse pronto a pesar de la reactivación económica y laboral que debiera generar el término de la crisis sanitaria. Así, también, la enajenación de los bienes que componen el patrimonio familiar constituye un evento traumático, particularmente por el esfuerzo desplegado en su adquisición; inversión que será difícil de recuperar en un mercado que provee bajos ingresos y un fuerte endeudamiento. Si bien hemos tratado de retratar lo complejo que ha resultado el escenario de pandemia para las jefas de hogar, lo cierto es que tanto ellas como una gran proporción de la ciudadanía ha vivido en condiciones precarias desde mucho antes de la aparición del Covid-19.

El Estado subsidiario en Chile ha privilegiado la satisfacción de necesidades a través del mercado y la responsabilidad individual por el bienestar familiar, modelo que deja al descubierto su particular fragilidad en tiempos de crisis. Permitir al sector privado y sus actores inmiscuirse tan profundamente en la provisión de bienes y servicios asociados con derechos, ha limitado el alcance de las medidas de política pública, las que han asumido un carácter paliativo, reactivo y discontinuo, que frente a las contingencias económicas propias de la pandemia y por el modo como funciona la relación entre personas y mercado resultan ineficaces para asegurar un bienestar familiar. Con todo, la crisis ha constituido un punto de inflexión a partir del cual la ciudadanía comienza a pensar en otro tipo de Estado, exigiendo un nuevo contrato social.

Referencias