Justicia Climática desde Abajo: Organización Comunitaria en Contextos de Vulnerabilidad en Asentamientos Informales
Sebastián Sáenz Rodríguez1
Resumen
Este artículo analiza las formas en que la organización comunitaria en asentamientos informales contribuye a la construcción de justicia climática desde una perspectiva de base en contextos marcados por la vulnerabilidad estructural, la exclusión territorial y la ausencia de políticas públicas efectivas, las comunidades desarrollan estrategias autónomas para enfrentar los impactos del cambio climático. A partir de un enfoque cualitativo y participativo, se exploran experiencias locales de acción colectiva que abordan problemáticas como el acceso al agua, la gestión del riesgo, el manejo de residuos y la protección de ecosistemas urbanos, a través de cartografías socioecológicas, talleres de planificación regenerativa y entrevistas a 78 familias localizadas en barrios de asentamiento. El procesamiento de los datos narrativos se hizo a través de una codificación axial en el software Nvivo, el cual generó trazabilidad entre las categorías centrales de estudio justicia climática, organización comunitaria y las narrativas cotidianas. El estudio evidencia que, más allá de ser víctimas pasivas del cambio climático, las comunidades organizadas construyen saberes, redes y prácticas resilientes que desafían las desigualdades socioambientales. Se argumenta que estas iniciativas representan expresiones concretas de justicia climática desde abajo, al vincular las luchas territoriales con una agenda global de derechos y sostenibilidad.
Palabras clave:
Informalidad urbana, organización comunitaria, cambio climático.
Climate Justice from Below: Community Organization in Contexts of Vulnerability in Informal Settlements
Abstract
This article examines how community organization in informal settlements contributes to the construction of climate justice from a grassroots perspective. In contexts marked by structural vulnerability, territorial exclusion, and the absence of effective public policies, communities develop autonomous strategies to confront the impacts of climate change. Drawing on a qualitative and participatory approach, the study explores local experiences of collective action that address issues such as access to water, risk management, waste handling, and the protection of urban ecosystems through socio-ecological mapping, regenerative planning workshops, and interviews with 78 families residing in settlement neighborhoods. Narrative data were processed through axial coding using NVivo software, which enabled the creation of traceability links among the central analytical categories: climate justice, community organization, and everyday narratives. The findings reveal that, far from being passive victims of climate change, organized communities build knowledge, networks, and resilient practices that challenge socio-environmental inequalities. The article argues that these initiatives represent concrete expressions of bottom-up climate justice, as they connect territorial struggles with the broader global agenda of rights and sustainability.
Keywords:
Urban informality, community organization, climate change.
Justiça Climática desde Baixo: Organização Comunitária em Contextos de Vulnerabilidade em Assentamentos Informais
Resumo
Este artigo analisa as formas pelas quais a organização comunitária em assentamentos informais contribui para a construção da justiça climática a partir de uma perspectiva de base. Em contextos marcados pela vulnerabilidade estrutural, exclusão territorial e ausência de políticas públicas eficazes, as comunidades desenvolvem estratégias autônomas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Com base em uma abordagem qualitativa e participativa, exploram-se experiências locais de ação coletiva que abordam questões como acesso à água, gestão de riscos, manejo de resíduos e proteção de ecossistemas urbanos, por meio de cartografias socioecológicas, oficinas de planejamento regenerativo e entrevistas com 78 famílias residentes em bairros de assentamento. Os dados narrativos foram processados mediante codificação axial no software NVivo, o que permitiu gerar rastreabilidade entre as categorias centrais de análise: justiça climática, organização comunitária e narrativas cotidianas. Os resultados evidenciam que, longe de serem vítimas passivas das mudanças climáticas, as comunidades organizadas constroem saberes, redes e práticas resilientes que desafiam as desigualdades socioambientais. Argumenta-se que essas iniciativas representam expressões concretas de justiça climática desde baixo, ao articularem as lutas territoriais com a agenda global de direitos e sustentabilidade.
Palavras-chave:
Informalidade urbana, organização comunitária, mudanças climáticas
Introducción
El cambio climático se ha consolidado como una de las principales amenazas para las poblaciones más vulnerables del planeta, entre ellas, los asentamientos informales urbanos caracterizados por la precariedad habitacional, la escasa presencia del Estado, la exposición a riesgos ambientales y baja capacidad de organización local y articulación con las instituciones estatales, lo cual, incrementa los niveles de exposición y riesgo ante los efectos de fenómenos como inundaciones, sequías, deslizamientos y olas de calor. En este contexto, la crisis climática no es solo un fenómeno ambiental, sino también una expresión de injusticia estructural que profundiza las desigualdades sociales y territoriales, incrementando las trampas de pobreza y vulnerabilidad socioterritorial.
Atendiendo a la preocupación por el incremento de la población en las ciudades, la alta demanda habitacional, las pocas políticas urbanas para el acceso a la vivienda digna, sumado a los procesos de planificación y ordenamiento territorial lento y poco realista, configuran ecosistemas urbanos vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo cual, la investigación fundamenta un estudio interpretativo sobre las formas de organización, hábitat y vulnerabilidad en la zona de el Hueco, ubicada en el corregimiento de Cerritos de la ciudad de Pereira.
El territorio en el cual se localiza el Hueco (Lugar de desarrollo de la investigación) es el Centro poblado Galicia, el cual presenta una población aproximada de 6.320 habitantes, de los cuales y 10% total de la población están en el caserío del Hueco, datos reportados por la Junta de Acción Comunal del barrio (2024), estas comunidades requieren alternativas y reflexiones locales de sus espacios habitados, para estimular mecanismos de participación que faciliten a los gobiernos locales entender las lógicas de ocupación que emergen en la informalidad de las ciudades y tomar decisiones contundentes para el mejoramiento de sus condiciones de vida y construcción de políticas públicas situadas desde el conocimiento de las comunidades.
A pesar de este escenario adverso, múltiples comunidades en asentamientos informales han desarrollado procesos de organización local orientados a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático. Estas iniciativas, a menudo invisibilizadas por la planificación oficial, no solo atienden necesidades inmediatas, sino que también cuestionan las relaciones de poder que sustentan la marginalidad urbana y promueven formas alternativas de habitar, gestionar y defender el territorio. Diversos estudios recientes en el ámbito de la justicia climática como los de Vásquez Santamaria, y Restrepo Múnera (2023), Pardo Buendía y Ortega (2018), han reconocido la relevancia política y jurídica de la justicia climática y han contribuido a generar discusiones en torno al desarrollo sostenible e integral de las comunidades y las ciudades frente a las emergencias climáticas. Sin embargo, persiste una brecha significativa en la documentación de estas experiencias en los territorios más precarizados, especialmente en América Latina, donde los procesos de autogestión comunitaria se entrelazan con luchas históricas por el derecho a la ciudad.
Con relación a lo anterior, los fenómenos de la informalidad urbana y cambio climático están asociados directamente con las ausencias de planificación y participación ciudadana en los territorios. La interdependencia entre informalidad urbana, cambio climático y exclusión participativa evidencia la necesidad de enfoques de justicia climática que reconozcan las capacidades comunitarias, fomenten la corresponsabilidad institucional y promuevan modelos de planificación inclusiva capaces de responder de manera equitativa a las emergencias socioambientales, como se evidencia en diversos estudios en Colombia que presentan a continuación.
Los estudios sobre las dinámicas de localización y construcción de los barrios informales en Colombia han generado diversas discusiones en torno al derecho a la ciudad y las formas de habitar los territorios desde un orden no hegemónico; las investigaciones en estos temas han permitido que emerjan estudios desde las ciudades informales, como la propuesta de Tovar (2007) denominada “Ciudad informal colombiana”, la cual, orientó al análisis de la participación del Estado, la comunidad y la iniciativa privada como agentes sociales, y las interacciones que existen con los componentes de la estructura económica, jurídico-política e institucional como totalidad social integrada a la ciudad.
Se identificó que la falta de apoyo social agrava las dificultades, limita las oportunidades y provoca que el resultado de tanto esfuerzo y sacrificio sean barrios conformados por viviendas casi siempre inconclusas, con problemas de hacinamiento, salubridad, deficiencias técnicas y de diseño tan frecuentes que llegan a percibirse como algo normal, perdiéndose la conciencia de que podrían evitarse. La literatura sobre vivienda popular muestra que, desde la década de 1990, se distinguen claramente dos tipos de asentamientos informales: los primeros surgen como procesos de construcción que se desarrollan alrededor de otros ya existentes, ubicándose en distintas zonas de la ciudad, no necesariamente en la periferia; los segundos corresponden a nuevos asentamientos generados por población desplazada por el conflicto armado y por la movilidad humana derivada de las condiciones económicas de los territorios, especialmente en las regiones de Colombia. Lo destacable de estos estudios, de enfoque histórico y económico, es la falta de consideración hacia las condiciones de hábitat humano y los efectos del cambio climático, lo cual genera que los nuevos estudios sobre hábitat y vivienda popular incorporen nuevos fenómenos como el cambio climático, el calentamiento social y nuevas categorías de estudio como la justicia climática y la organización comunitaria.
Las reflexiones alrededor de las ciudades informales y las ocupaciones de los espacios por las comunidades menos favorecidas en Colombia han permitido comenzar a caminar con estudios y discusiones entorno a la justicia social y el derecho a la vivienda digna en Colombia, estos temas centrales han acercado reflexiones como las de Zuluaga y Vargas (2020) titulado “La (in)justicia espacial y la producción social de los asentamientos informales en Colombia”. El estudio estableció la reflexión frente a la (in)justicia espacial en los barrios populares autoconstruidos de las laderas del sur de Manizales (Colombia), lo cual genera la necesidad de ampliar las discusiones en torno a los niveles de desarrollo de estas comunidades y la integración de un enfoque ecológico y político necesario para nuevos esquemas e instrumentos de investigación desde la base comunitaria con enfoque local.
Los fenómenos de informalidad urbana y cambio climático plantean la necesidad de reconocer la organización comunitaria como una estrategia de cohesión social en los territorios urbanos que permiten traer al debate los elementos constitutivos de la justicia climática, Amorim-Maia et al. (2022) y Trístan-Rodríguez y Revuelta-Vaquero (2022), exploran la adaptación climática para analizar las formas interconectadas de injusticias socioambientales que impulsan las vulnerabilidades en las ciudades, allanando el camino para estrategias más concretas e integradas de adaptación y transformación urbana justa a traves de mecanismos de participación ciudadana.
Las investigaciones revisadas evidencian que los asentamientos informales en las ciudades colombianas están marcados por múltiples formas de injusticia derivadas de la lógica hegemónica de la planificación urbana. Como señalan Zuluaga y Grisales (2020), esta se sustenta en una concepción instrumental del espacio, propia del modo de producción capitalista, que prioriza los intereses de determinados actores y grupos con escasas limitaciones. En consecuencia, resulta imprescindible implementar acciones y promover transformaciones orientadas a una redistribución equitativa de los recursos en el ámbito urbano, así como a la modificación de las políticas de ordenamiento territorial, con el fin de disminuir la profunda desigualdad en las inversiones destinadas a grandes infraestructuras frente a aquellas orientadas a mitigar la pobreza y la discriminación.
Con relación a lo anterior, se detecta una tendencia resiente en los últimos años, por asociar las condición de los asentamientos informales con el fenómeno del cambio climático, en dónde López valencia (2018), Carrión y Acosta (2020) y Ávalos et al. (2020) analizaron las estrategias urbanas para el mejoramiento de las condiciones de adaptabilidad de los asentamientos informales al cambio climático, a fin de mejorar la calidad del entorno construido y natural y, de esta manera, la calidad de vida y sostenibilidad de la población que los habita, sin embargo, a pesar de la variedad de investigaciones enfocadas en temas de cambio climático e informalidad urbana se reportan limitaciones en los estudios sobre justicia climática y organización comunitaria como estrategias para el mejoramiento de las poblaciones localizadas en barrios de asentamiento.
El artículo comprende cómo las formas de organización comunitaria en asentamientos informales configuran expresiones de justicia climática desde abajo, entendida como la capacidad de los sujetos colectivos para generar respuestas propias frente al riesgo climático, al tiempo que interpelan las estructuras de exclusión socioambiental. La investigación parte del supuesto de que si hay una organización comunitaria que no solo fortalece la capacidad adaptativa local, sino que también, constituye un acto político que desafía las condiciones estructurales de injusticia climática impuestas por modelos urbanos excluyentes y por la gestión tecnocrática del riesgo.
Método
La investigación adoptó un enfoque cualitativo con un alcance interpretativo, lo que permitió generar comprensiones profundas sobre las realidades locales vividas por los habitantes en zonas de informalidad urbana, como lo expresa Flick (2005, p 6) “la investigación cualitativa se orienta a comprender los significados que las personas construyen sobre sus experiencias y su mundo social” Este proceso estuvo guiado por una perspectiva metodológica basada en la hermenéutica crítica de Gadamer (1960), la cual facilitó la interpretación reflexiva de los discursos, experiencias y significados construidos por la comunidad en relación con su entorno y los desafíos que enfrentan.
La población testigo de estudio estuvo localizada en el sector del Hueco, en la ciudad de Pereira, estuvo conformada por 78 viviendas autoconstruidas, 52 personas entrevistadas, y fueron convocadas 64 personas entre adultos y niños para los ejercicios de cartografía social participativa, y se contó con la participación de 127 personas en los talleres de planificación regenerativa como estrategia para fortalecimiento comunitario.
Figura 1
Zonas testigo de estudio – Corregimiento de Cerritos – Sector de Hueco – Pereira
Fuente: Registros personales de fotografías áreas zonas de informalidad urbana – Pereira ٢٠٢٥.
Para la validación de las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, se realizó una triangulación conceptual y metodológica entre los objetivos del estudio, el enfoque hermenéutico y la teoría Actor–Red como lo sugiere Ballesteros (2017, p. 17). Esta articulación metodológica permitió desarrollar instrumentos que integraran las experiencias comunitarias, facilitando una comprensión profunda de las formas de hábitat y vida en las zonas de informalidad urbana. Entre las técnicas aplicadas se incluyeron mapas sociales, entrevistas semiestructuradas, observación participante y talleres de planificación regenerativa, que configuraron espacios participativos y permitieron analizar colectivamente sus problemáticas socioambientales e identificar oportunidades de transformación y co-creación de soluciones locales.
Para la sistematización y análisis de los datos, se empleó una codificación axial para garantizar una correspondencia entre la teoría y el método, como lo sugiere Gibbs (2012), y un procesamiento de los datos en el software NVivo para la creación de nodos temáticos y subnodos que permitieron codificar sistemáticamente las entrevistas y documentos recolectados. Esta herramienta posibilitó la triangulación de las categorías informalidad urbana, cambio climático y organización comunitaria, con las narrativas emergentes de las comunidades y la elaboración de matrices para la interpretación final.
Resultados
Las personas que participan activamente en los procesos de organización comunitaria destacan por su liderazgo territorial, conocimientos empíricos sobre el entorno, y vínculos fuertes con redes barriales. Se evidenció un capital social robusto en forma de confianza, reciprocidad y solidaridad que permitió activar respuestas colectivas ante eventos climáticos como inundaciones o escasez de agua. En muchos casos son las mujeres las que lideran estos procesos, articulando el cuidado ambiental con el cuidado de la vida cotidiana. La experiencia acumulada en la autogestión del territorio constituye un saber situado clave para la adaptación climática.
La ausencia o debilidad de políticas públicas efectivas ha llevado a las comunidades a desarrollar estrategias propias para enfrentar el riesgo climático. Estas incluyen la construcción de drenajes comunitarios, campañas de limpieza para prevenir inundaciones, sistemas alternativos de recolección de agua lluvia, monitoreo local del clima, y elaboración de mapas de riesgo participativos. En varios casos, se han formado comités de gestión del riesgo que funcionan de manera autónoma o con apoyo parcial de ONGs. La gestión se caracteriza por su enfoque preventivo, participativo y territorializado.
Los asentamientos informales analizados presentan una alta vulnerabilidad estructural asociada a factores como la ubicación en zonas de riesgo no mitigado (laderas inestables, rondas hídricas), falta de servicios básicos, y precariedad en las infraestructuras. Sin embargo, esta vulnerabilidad no se traduce necesariamente en pasividad. Las comunidades han reinterpretado su situación como una forma de exclusión socioambiental y han respondido mediante acciones colectivas que mitigan parcialmente sus condiciones de riesgo, construyendo una agencia política desde la marginalidad.
Las comunidades reconocen claramente los impactos del cambio climático en su vida diaria: aumento de lluvias torrenciales, prolongación de temporadas secas, pérdida de fuentes de agua y mayor exposición a deslizamientos. Estas percepciones, basadas en la experiencia cotidiana, guían las acciones locales más que los diagnósticos técnicos externos. La vivencia constante del riesgo ha generado una sensibilidad ambiental particular, donde la organización comunitaria no solo se percibe como una respuesta reactiva, sino como una forma de dignificar la vida en el territorio.
Las comunidades de asentamientos informales no solo enfrentan condiciones materiales precarias, sino también una profunda vulnerabilidad socioterritorial, entendida como la confluencia entre exclusión social y exposición a riesgos ambientales generada por procesos históricos de urbanización desigual. En los casos analizados, se evidenció cómo estas comunidades han sido sistemáticamente empujadas hacia zonas de alto riesgo por la falta de alternativas habitacionales y por decisiones urbanas que priorizan el desarrollo inmobiliario formal. Esta vulnerabilidad está arraigada en relaciones estructurales de desigualdad, pero también en la falta de reconocimiento institucional del derecho al territorio por parte de los habitantes. Las estrategias comunitarias emergen, entonces, no solo como mecanismos de adaptación, sino como formas de disputar el lugar que históricamente se les ha negado en la ciudad.
Los efectos del cambio climático en estos territorios no son naturales ni neutros: configuran formas de violencia climática, en tanto amplifican injusticias previas y profundizan condiciones de marginalidad. La recurrencia de inundaciones, deslizamientos, cortes de agua y pérdida de medios de vida fue interpretada por las comunidades como una forma de violencia estructural y ambiental, agravada por la inacción estatal y la ausencia de políticas de protección efectiva. Esta violencia también se expresó en el despojo simbólico de sus territorios, al ser estigmatizados como zonas “de riesgo”, lo que en muchos casos justifica procesos de desalojo o de reubicación forzada sin participación comunitaria. Las respuestas organizativas locales se construyen, por tanto, como una forma de resistencia frente a esa violencia cotidiana e institucionalizada.
La identificación de malos procesos de ordenamiento del territorio como causa estructural de la exposición al riesgo climático. Las comunidades señalaron cómo los planes de ordenamiento territorial (POT) vigentes no han incorporado adecuadamente sus realidades ni han generado procesos de regularización que les permitan habitar de forma digna y segura. En varios casos, el crecimiento urbano ha sido guiado por lógicas de mercado que excluyen a los sectores populares y desplazan el riesgo hacia las periferias. Además, se evidenció una débil articulación entre las autoridades locales y las dinámicas comunitarias, lo que ha impedido la implementación de estrategias integrales de mitigación y adaptación climática. A pesar de esto, las comunidades han creado sus propias formas de planificación territorial desde abajo, mediante mapeos, reglamentos barriales, normas de construcción y acuerdos para la protección de áreas am bientales.
Tabla 1
Esquema de organización comunitaria en zonas de informalidad urbana
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Proceso de formación |
Características |
Horizontes de acción - Puntos de conexión |
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Identificación de necesidades |
Los pobladores en su fase inicial establecen las primeras redes de conexión a través del reconocimiento de necesidades comunes, viviendas y servicios de abastecimiento básicos de agua, energía eléctrica y alcantarillado. Hay un principio de cohesión social establecido a través de la solidaridad, prevalece la autogestión y la autonomía. |
Establecer lazos de solidaridad y confianza. Consolidación de viviendas y redes de apoyo. |
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Movilización inicial |
Las movilizaciones iniciales se dan a través de los habitantes más antiguos que van extendiendo sus redes de servicios públicos y prácticas de domesticación del espacio con otros, aparece las redes de vecinos, conocidos y familiares. |
Redes de abastecimiento para servicios públicos. Consolidación de las viviendas. |
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Esquema de la organización |
La cooperación es alrededor de la necesidad de vivienda, no hay una organización en función de revindicar derechos o gestionar necesidades. No hay roles definidos, ni objetivos y metas comunes como comunidad. |
Se presenta una organización comunitaria incipiente, no se presenta un carácter participativo o reivindicativo. |
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Acciones |
Las acciones que se presentan están asociados a las construcciones de las viviendas y conexión de servicios públicos básicos. |
Acciones de corto plazo y enfocadas a generar un reconocimiento de quienes habitan el sector. Las acciones están enfocadas en una cadena de necesidades que van desde servicios públicos para las viviendas, como también adecuación de espacios comunes, calles, entradas y salidas del sector. |
Fuente: Elaboración propia, sistematización de entrevistas y observaciones participantes
Discusiones
Las comunidades se movilizan en función de acciones concretas bajo objetivos comunes e intereses generales; estas movilizaciones y acciones colectivas sustentan formas de organización insipientes en las zonas de informalidad urbana que emergen con un carácter colectivo para el barrio; H. Uribe (2017), destaca el papel de la participación comunitaria y las redes de solidaridad en los asentamientos informales. Según él, estos asentamientos suelen ser espacios de gran organización social, donde los habitantes colaboran para construir infraestructura, gestionar servicios y defender sus derechos. Esta organización comunitaria es, para H. Uribe Castro, una prueba de la capacidad de agencia de las personas en situación de informalidad y una fuerza que debería aprovecharse en las políticas públicas en lugar de imponer soluciones desde fuera, los gobiernos podrían fomentar la participación activa de los habitantes en el diseño y ejecución de proyectos de mejoramiento urbano.
El reconocimiento de formas incipientes de organización revela el potencial para el desarrollo de colectivos y organizaciones con fines políticos, participativos, reivindicativos y regenerativos. Estas formas constituyen la base para abrir el debate sobre una justicia climática desde abajo, es decir, desde los sectores invisibilizados que habitan las periferias del desarrollo y la planificación urbana. Reconocer su legítimo derecho a la ciudad y a un ambiente sano es fundamental, como advierten Tristán Rodríguez M. S. y Revuelta Vaquero B. (2022, p. 12), “el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano es un elemento indispensable de la justicia ambiental urbana, al igual que lo es el reconocimiento de la función social de la propiedad”; con los elementos anteriormente mencionados se afirma que los procesos de organización comunitaria en los barrios construidos por la gente son estrategias fundamentales para que las comunidades reconozcan su derecho a la ciudad y ambientes urbanos sanos e inclusivos.
Los procesos de organización comunitaria en las zonas de informalidad generan procesos de resiliencia, entendida según Norris et al. (2008) como la capacidad de adaptación ante perturbaciones. No obstante, Pelling (2011) ofrece una perspectiva más crítica, en la que la organización comunitaria se configura como un acto de resistencia frente a la vulnerabilidad estructural. Esta diferencia conceptual tiene implicaciones directas en la manera en que se representa el espacio desde una perspectiva barrial, aspecto fundamental para el diseño de políticas públicas y estrategias de intervención.
En el contexto colombiano, la influencia de las comunidades en los procesos de construcción, desarrollo y expansión de los barrios populares ha estado estrechamente vinculada a estrategias de supervivencia y a las históricas limitaciones para acceder a una vivienda digna. Esto ha contribuido al crecimiento espontáneo y no regularizado de viviendas y barrios, evidenciando que la informalidad no debe entenderse únicamente como una carencia, sino también como una respuesta activa y creativa de las comunidades frente a las restricciones impuestas por el sistema económico y las políticas urbanas H. Uribe Castro, (2017), No obstante, el panorama actual de la informalidad urbana en las ciudades exige una comprensión profunda, especialmente frente al impacto del cambio climático. Estos asentamientos carecen de estrategias efectivas de afrontamiento y adaptación ante escenarios de incertidumbre, lo que genera alertas sobre la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. La falta de conocimiento sobre las formas de vida y el hábitat de estas comunidades contribuye a incrementar sus niveles de vulnerabilidad.
¿Cómo comprender, entonces, las relaciones entre comunidades, ciudad, planificación y justicia climática? ¿Y cómo interpretar el derecho a la ciudad y la necesidad del cuidado comunitario en contextos de informalidad urbana y en tiempos de cambio climático? Estas preguntas sitúan en el centro del análisis la relación de las personas con su territorio, reconociéndolas como actores activos en la producción de significados, conocimientos y soluciones. Desde esta perspectiva, se reconfiguran las nociones tradicionales de vivienda, espacio, ordenamiento territorial y gestión del riesgo, a partir de las experiencias locales que revelan cómo se concibe y se vive el desarrollo urbano desde las experiencias situadas y cotidianas; en este sentido, se traslapan las dimensiones ambientales, espaciales y ecológicas dentro de las comunidades informales, abriendo paso a nuevas formas de pensar la ciudad desde abajo y desde lo comunitario. Esto implica un entendimiento de las redes densas y complejas que establecen entre lo humano y no lo humano en medio de la informalidad, con enuncia en la Teoría Actor Red, de Latour (TAR).
Los habitantes de los sectores informales consideran que su condición socioespacial y económica limitan su plena integración en los procesos de planificación urbana y gestión del riesgo. De manera explícita, expresan que sus formas de organización y construcción de viviendas y espacios se desarrollan al margen de la lógica urbana formal. Estas percepciones y experiencias contribuyen al debilitamiento del tejido social, dificultando la conformación de lo colectivo y el fortalecimiento del sentido de comunidad. En este contexto, los fundamentos del capital social en las comunidades dependen de la calidad de las relaciones y redes que se establecen entre sus miembros y las instituciones. En esta línea coinciden Bourdieu (1986), Coleman (1988) y Putnam (2000), quienes destacan no solo la relevancia de la calidad de las redes sociales, sino también, su capacidad para generar cohesión, mecanismos de diferenciación y beneficios tanto individuales como colectivos, promoviendo la confianza y el compromiso cívico.
El reconocimiento las formas de organización comunitaria en las zonas de informalidad urbana permite avanzar en la integración de procesos de justicia climática; este enfoque emerge como un marco analítico, participativo y político que busca vincular la crisis climática con las desigualdades sociales, económicas y políticas. A diferencia de los enfoques puramente técnicos o ambientales, la justicia climática reconoce que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa, y que las poblaciones más vulnerables como los asentamientos informales en las ciudades suelen ser las más afectadas, a pesar de ser las menos responsables de las emisiones contaminantes (Schlosberg & Collins, 2014). Como señala Martínez-Alier (2014), “la justicia climática no puede ser solo un marco ético; debe ser también una herramienta de lucha para los movimientos sociales” (p. 12), lo que subraya la importancia de incorporar las voces y experiencias de estas comunidades en la formulación de políticas públicas y estrategias de adaptación.
En relación con lo anterior, David Schlosberg (2007) propone una teoría de la justicia ambiental que articula tres dimensiones fundamentales: distribución, reconocimiento y participación. Desde esta perspectiva, la justicia climática no se limita a una distribución equitativa de los riesgos y beneficios, sino que también exige el reconocimiento de identidades y culturas históricamente marginadas, así como su inclusión activa en los procesos de toma de decisiones. A partir de esta visión, el caso de la ciudad de Pereira al igual que en otras regiones de Colombia se evidencia cómo los asentamientos informales no son reconocidos como territorios, comunidades ni ecosistemas humanos vulnerables frente a los impactos del cambio climático.
El no reconocimiento dificulta la formulación de estrategias y planes de adaptación específicos para estas poblaciones en contextos urbanos. Como señala el propio Schlosberg (2007), “la justicia climática debe entenderse como un concepto multidimensional que va más allá de la simple redistribución de recursos” (p. 14), lo que refuerza la necesidad de enfoques integrales que reconozcan las realidades sociales y territoriales de las comunidades más afectadas. No obstante, autores como Martínez-Alier (2014) advierten que si bien hay un esfuerzo por la generación de políticas ambientales y territoriales estas resultan siendo insuficientes si no se articulan con las luchas concretas de las comunidades afectadas.
Desde los enfoques de la economía ecológica y la ecología política, Martínez-Alier introduce el concepto de conflictos ecológicos distributivos, en los cuales comunidades del Sur Global resisten proyectos extractivos y contaminantes en defensa de sus territorios. En el caso específico de los asentamientos informales, la mayoría los barrios han tenido experiencias con violencias estructurales de las instituciones que en las ciudades promueven proyectos de expansión y renovación urbana, los cuales, conflictúan y generan detrimento del hábitat y las formas de vida en de las comunidades en los barrios bajo mecanismos de desalojo y compras de predios con fines de mejoramiento urbano. Esta situación refleja cómo las dinámicas de injusticia ambiental se manifiestan de manera concreta en los territorios urbanos más vulnerables.
La percepción institucional sobre las zonas de informalidad urbana se construye a partir de un conocimiento limitado sobre las redes ontológicas y las formas de vida que allí se desarrollan. Esta visión reducida genera una comprensión negativa del territorio y una negación de las formas de organización comunitaria que han emergido en torno al liderazgo y la gestión local. En gran medida, esta negación responde a la ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana y al desconocimiento de las instancias disponibles para interactuar con el Estado y las instituciones. Como consecuencia, los habitantes manifiestan una profunda desconfianza de las personas y las instituciones, lo que conduce a dinámicas centradas en la individualidad y en las necesidades particulares de cada familia.
Esta fragmentación social dificulta la democratización de las iniciativas colectivas y obstaculiza la construcción de procesos organizativos capaces de enfrentar los desafíos climáticos en los asentamientos humanos informales. En los contextos urbanos, el imopacto del cambio climático se entrelaza con fenómenos como la informalidad, la segregación espacial y la carencia de servicios básicos. Aunque en muchas ciudades se han comenzado a implementar iniciativas de urbanización verde o sostenible, estas están lejos de promover entornos urbanos inclusivos y resilientes frente a las eventualidades climáticas que afectan a las zonas de informalidad.
Anguelovski et al. (2016) advierten sobre los riesgos de una “urbanización verde” que, en lugar de reducir las desigualdades, tiende a reproducirlas al priorizar inversiones en zonas formales y desplazar a comunidades vulnerables. Esta lógica excluye de las racionalidades del desarrollo urbano a los sectores populares, reforzando la percepción de que estas comunidades no son una prioridad en las agendas gubernamentales actuales. En consecuencia, se evidencia una falta de compromiso institucional por garantizar una adaptación climática justa y equitativa para quienes habitan en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Una razón por la cual, las administraciones municipales están desconectadas de las necesidades de los barrios informales es la limitada información sobre la naturaleza urbana de estas comunidades y los lógicas de ocupación y apropiación de los espacios, el desconocimiento de las formas de vida y el entendimiento superficial de las necesidades de las personas que habitan en las periferias de la ciudad no permiten transcender de las actividades asistencialistas de las instituciones, estas comunidades necesitan de apoyos más estratégicos que permitan un acompañamiento más desde el agenciamiento social y político que permitan el reconocimiento de estos sectores como parte integral de las ciudades y como ecosistemas sensibles y vulnerables antes los efectos de la variabilidad climática y el desarrollo urbano. Este reconocimiento es el principio de la justicia climática desde abajo.
Los barrios informales requieren estrategias integrales que abarquen desde la formación ciudadana hasta el reconocimiento e implementación de mecanismos locales de adaptación al cambio climático. Estos procesos de formación no solo fortalecen la conciencia ecológica, sino que también permiten la recolección de datos locales esenciales para la formulación de políticas públicas. Asimismo, la participación comunitaria desempeña un papel clave en el diseño de instrumentos colectivos para el reconocimiento de riesgos y la implementación de sistemas de alerta temprana, orientados a la prevención de desastres provocados tanto por acciones humanas como por eventos climáticos extremos.
La estrategia propuesta en la investigación se centró en estimular la organización comunitaria mediante la implementación de rizomas comunitarios como mecanismos de integración, orientados hacia una planificación regenerativa de los barrios informales. Estos rizomas representan redes de conexiones y flujos entre diversos elementos urbanos como personas, espacios, infraestructuras y recursos que permiten comprender el crecimiento orgánico y alternativo de las ciudades, el enfoque rizomático facilitó el entendimiento de cómo estas áreas se desarrollan de manera espontánea, a través de complejas redes sociales, económicas y físicas. En este contexto, las comunidades asentadas en zonas de invasión han logrado construir, en medio de la adversidad, su propio tejido social y redes de cooperación.
Figura 2
Cartografías y Mapas rizomáticos
Fuente: Fotografías del repositorio personal de las actividades de campo, 2025.
Las conexiones rizomáticas observadas en comunidades asentadas en zonas informales evidencian procesos flexibles de ocupación del espacio, adaptados a las condiciones específicas de cada territorio. Estas dinámicas revelan cómo las comunidades desarrollan estrategias espontáneas y resilientes para enfrentar los desafíos ambientales y sociales, lo que demuestra un potencial significativo para orientar procesos de planificación urbana regenerativa.
Figura 3
Esquema de organización comunitaria para barrios informales a través de rizomas comunitarios
Una organización comunitaria basada en principios rizomáticos favorece la creación de estrategias participativas que promueven una comprensión profunda del contexto de las personas que habitan zonas de informalidad. Esto facilita la valoración del estado de la comunidad y el reconocimiento de los impactos asociados al cambio climático, así como el diseño de capacidades para la adaptación, prevención y respuesta ante las adversidades climáticas y antrópicas. A través de las conversaciones de barrio, se contribuye al reconocimiento de las necesidades comunitarias y a una gestión más efectiva de los riesgos.
En este contexto, Davis (2006) enfatiza la necesidad de una justicia espacial, señalando que los riesgos y desastres en las ciudades se distribuyen de manera desigual, reflejando las jerarquías sociales y económicas. Por ello, resulta fundamental fortalecer las conversaciones comunitarias como espacios de diálogo que permitan a las personas comprender el panorama urbano en tiempos de cambio climático. Como afirma Davis (1998, p. 67): “Los pobres no solo viven en las márgenes económicas de la ciudad; también habitan las zonas más peligrosas, expuestas a desastres naturales y a la negligencia institucional.”
La conexión con las comunidades más vulnerables en las ciudades requiere establecer relaciones que propicien diálogos vinculantes, partiendo del reconocimiento de estos asentamientos humanos como territorios constitutivos de las urbes. Estos espacios presentan singularidades y características propias derivadas de sus experiencias en el desarrollo urbano. En este sentido, es fundamental integrar un enfoque de planificación regenerativa, basado en los principios de la ecología humana y en soluciones centradas en las personas como principio humano de la justicia climática y la vida en las ciudades.
La planificación regenerativa como principio de justicia climática para las comunidades solo es posible mediante procesos de organización comunitaria y mecanismos efectivos de participación ciudadana. Este tipo de planificación retoma las experiencias locales, el sentido del habitar y las formas de vida, integrándolos con las dimensiones biológicas, sociales, culturales y ambientales. Así, se establece una relación que promueve un desarrollo sostenible centrado en el bienestar de las personas y en la calidad de los espacios habitados. El enfoque regenerativo, combinado con la organización comunitaria, permite impulsar un desarrollo a escala barrial, mediante una planificación integradora que fomenta el empoderamiento ciudadano y facilita la toma de decisiones enfocada en los puntos más críticos de cada comunidad. Además, promueve la generación de datos locales orientados a la creación de alertas tempranas y al fortalecimiento de una cultura de prevención y gestión integral del riesgo como principio de la justicia climática.
Conclusiones
La investigación evidenció que las capacidades de organización comunitaria en zonas de informalidad urbana constituyen una estrategia clave para la generación de mecanismos de adaptación frente a los efectos de la variabilidad climática y estimular escenarios de justicia climática. Estas capacidades emergen de las múltiples redes sociales, complejas y densas, que se construyen entre los grupos de pobladores, quienes se asocian en torno a necesidades comunes como la vivienda, los servicios públicos, los ingresos y el acceso a alimentos, entre otros.
Este cúmulo de situaciones compartidas genera escenarios de cooperación que fortalecen la cohesión social y el reconocimiento mutuo. Las formas incipientes de organización permiten visibilizar y consolidar estrategias permanentes de adaptación y resiliencia ante las adversidades climáticas y sociales, posicionando a las comunidades como actores fundamentales en la gestión del riesgo y la transformación territorial.La investigación evidencia que las comunidades que habitan en contextos de informalidad urbana no solo reconocen los impactos del cambio climático en sus entornos, viviendas y salud, sino que también poseen un conocimiento profundo del territorio y sus dinámicas sociales. Sin embargo, este reconocimiento no se ha traducido en la implementación de mecanismos formales de gestión del riesgo, como planes de contingencia o sistemas de alerta temprana.
La construcción participativa de cartografías sociales ecológicas se consolidó como una herramienta clave para fortalecer la organización comunitaria, permitiendo identificar zonas vulnerables y diseñar estrategias colectivas de adaptación y respuesta. Este proceso demostró que la articulación entre saberes locales y enfoques técnicos puede generar capacidades comunitarias para enfrentar los desafíos climáticos y antrópicos de manera más efectiva. En este sentido, se concluye que la planificación territorial en contextos de informalidad debe incorporar activamente a las comunidades en la toma de decisiones, reconociendo sus conocimientos, vínculos y formas de organización. Solo así será posible avanzar hacia modelos de desarrollo urbano más resilientes, inclusivos y sostenibles frente a los efectos del cambio climático.
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1 Sociólogo y Magíster en Ciencias Sociales Universidad de Caldas, Doctor en Desarrollo Sostenible, Universidad de Manizales. Director de Investigación, Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Profesor Catedrático Universidad del Quindío, programa de Trabajo Social. Correo electrónico: thurel26@hotmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4767-6342
